Se puede y se debe

Amaya Egaña no tenía que haber muerto, ni tampoco otras personas que anteriormente acabaron con sus vidas ante la inminencia de un brutal deshaucio. El acto de Amaya ha removido las conciencias de aquellos insensibles hasta entonces: bancos, autoridades judiciales y cierta clase política.

Ahora es tarde para devolverles la vida. Banqueros, a regañadientes, jueces y la clase política dirigente han tenido que mover ficha. No podían seguir impasibles ante lo que se les avecina. Es un aviso para caminantes. Días atrás, otra persona acuciada por la amenaza de embargo acabó quemando una sucursal bancaria previo aviso a su personal de desalojar el local. Son actos que están enseñándonos hasta que  punto la ciudadanía está harta de tanto despropósito y de tanta violencia ejercida desde el poder.

A raíz de la denuncia del Tribunal de Justicia de la UE de estas prácticas abusivas y posteriormente por el Poder Judicial, algunos sindicatos de policía, y algunos alcaldes de la extensa geografía española de la humillación, los dos principales grupos políticos PP y PSOE han decidido reunirse para sentar las bases de una reforma urgente mediante un decreto ley que ponga freno a los desalojos y a una ley hipotecaria centenaria y caduca. Penoso, cuando ambos partidos habían desoido hasta ahora la reivindicación de otros grupos políticos minoritarios y a los miles y miles de ciudadanos que día a día batallan en las calles para impedir la ejecución del próximo deshaucio. ¿Cómo es posible que en esa reunión de la Moncloa no participen otras fuerzas políticas y que una medida de tal calado no se haga por consenso de todos? Ver ahora aparecer en escena a aquellos que se han escondido en la sombra de los bancos y en el silencio de la ley hablando de razones humanitarias para parar la sangría de poner a miles de personas en la calle merece la mayor de las repulsas. Hace tiempo que la política oportunista atravesó la línea roja de la decencia. Desacreditados, intentan ahora rentabilizar las medidas que puedan alcanzarse como la moratoria, la dación o alquileres más acordes con los ingresos disponibles de las familias afectadas. Resulta vomitivo los gestos y declaraciones de aquellos responsables que pudieron haberlo evitarlo y no han hecho nada. Es tiempo de estar en la calle con la ciudadanía, lejos de los cuarteles de invierno. La sociedad está en la frontera de lo que se puede aceptar. Debemos manifestar con contundencia nuestro rechazo a las prácticas mafiosas de banqueros irresponsables que han llevado al límite de lo permitido su actuación. Acosados por una codicia en la que Maquiavelo reconoce a aquellos que olvidan antes el nombre del padre que la pérdida de su patrimonio. Los deshaucios han dejado ya en la calle a más de 180.000 mil personas a quienes no se les aplicará el carácter retroactivo de eventuales medidas. Cabe preguntarse qué va a pasar con ellos si además seguirán endeudados con los bancos de por vida por causa de sus hipotecas. Mientras, parecido número de afectados penden de la decisión que sea anunciada por el Gobierno en los próximos días. La sociedad está dando una lección de civismo que las autoridades deberían tener en cuenta. El ejecutivo de Rajoy y la clase política en general tendrían  que entender que en una situación de axfisia y pesimismo general el equilibrio emocional es de una fragilidad extrema. Se equivocan quienes consideran que la huelga general convocada para hoy sirve para deteriorar aún más las cosas. Simplemente recuerda a quienes nos gobiernan que se puede y se debe actuar para desalojar del poder a aquellos que no velan por el bienestar general de su pueblo.

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